El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha concluido que las instituciones de la UE demostraron una considerable capacidad de resistencia ante la pandemia de COVID-19, pero es necesario hacer más en la fase posterior a la misma.
El Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE «respondieron con rapidez y flexibilidad y se beneficiaron de las inversiones previas que habían realizado en materia de digitalización», concluye el informe especial del TCE, publicado el jueves (1 de septiembre).
«Las instituciones de la UE no han sido inmunes a la crisis de COVID-19. La crisis ha tenido efectos profundos y de gran alcance en el funcionamiento de las instituciones y en la forma de trabajar de su personal», afirmó Marek Opioła, miembro del TCE responsable de la auditoría.
Opioła explicó que las organizaciones resistentes son aquellas que aprenden de una crisis y salen fortalecidas.
«Creemos que los organismos de la UE han demostrado su capacidad de recuperación en los dos últimos años de crisis», dijo.
La auditoría evaluó la capacidad de recuperación de cuatro instituciones de la UE en función de su nivel de preparación, de cómo afrontaron la pandemia de COVID-19 y de las lecciones que sacaron de ella.
En particular, los auditores examinaron si los planes de continuidad de las actividades de las instituciones estaban adaptados a las perturbaciones causadas por una pandemia, lo que les permitía minimizar las perturbaciones y cumplir las funciones que les asignan los Tratados.
Adaptarse con éxito a las perturbaciones a largo plazo
Los auditores constataron que los planes de continuidad de las actividades activados por las instituciones de la UE en la segunda quincena de febrero de 2020 proporcionaban una «base sólida» para su respuesta a la crisis. Se añadió que los planes no estaban concebidos para hacer frente al tipo de perturbación a largo plazo que provocó la COVID-19, por lo que tuvieron que ser adaptados y complementados con decisiones ad hoc.
Las instituciones «lo hicieron con éxito, según los auditores, a pesar de que la coordinación se vio limitada por la autonomía de las instituciones y por sus diferentes funciones, y porque las normas vigentes en los Estados miembros de acogida eran diferentes», dice el comunicado de prensa.
A pesar de la diversidad de enfoques, las instituciones mantuvieron su actividad a un nivel similar al de años anteriores. Además, se adoptaron iniciativas políticas esenciales, como el plan de recuperación «NextGenerationEU», de 750.000 millones de euros, y el presupuesto septenal de la UE para 2021-2027.
«Todo ello se logró protegiendo la salud y el bienestar de sus funcionarios», señala el comunicado de prensa.
Se garantizaron soluciones de teletrabajo para todo el personal en seis semanas, y se aceleraron las herramientas de comunicación y colaboración, así como los flujos de trabajo sin papel, durante la pandemia. A pesar de ello, la digitalización de los procesos administrativos sigue siendo una tarea pendiente, sobre todo en lo que respecta a las facturas electrónicas.
Retos por delante para aprovechar al máximo la innovación
Las instituciones de la UE «todavía tienen retos por delante para aprovechar al máximo la innovación y la flexibilidad que ha traído la crisis en el mundo post-COVID», se destacó en el comunicado de prensa del TCE.
Una vez levantadas las restricciones de la primavera de 2020, las instituciones de la UE pusieron en marcha ejercicios de aprendizaje sobre sus respuestas a la crisis de COVID-19 y empezaron a identificar las innovaciones que podrían mantenerse para el mundo posterior a la crisis.
Uno de los ejemplos es la extensión del trabajo a distancia, que «podría suponer un ahorro significativo, en particular en gastos de viaje y potencialmente en costes de construcción de oficinas», según el informe.
Aunque los cambios en los desplazamientos y en los edificios, así como la extensión del teletrabajo, ofrecen oportunidades en términos de impacto medioambiental, éstas aún no han sido claramente identificadas, destacaron los auditores.
