Como reacción a las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania, la Comisión Europea ha aplazado un año, hasta 2024, la nueva aplicación de sus normas fiscales.
El objetivo del aplazamiento es ofrecer a los gobiernos de los Estados miembros de la UE la posibilidad de apoyar a los más afectados por el aumento de los precios de la energía y aumentar la inversión pública necesaria para la transición ecológica.
«Nuestra economía está experimentando un segundo choque externo en dos años», dijo el Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en una conferencia de prensa el lunes (23 de mayo). La semana pasada, la Comisión había rebajado sus previsiones de crecimiento económico para 2022 del 4% al 2,3% en su previsiones económicas de primavera.
«Es evidente que la Unión aún no ha salido del periodo de grave desaceleración económica, y por eso hemos concluido a favor de ampliar la cláusula general de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento hasta 2023», dijo Gentiloni.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) establece las normas de gobernanza macroeconómica para los Estados miembros de la UE, entre las que se encuentran las normas fiscales que exigen que los déficits públicos se mantengan por debajo del 3% del PIB y los niveles de deuda pública por debajo del 60% del PIB. Los Estados miembros con un nivel de deuda superior al 60% deben reducir sus niveles de deuda al 60% del PIB en un plazo de 20 años.
El PEC también incluye una cláusula general de escape que puede suspender la aplicación de las normas fiscales en momentos excepcionales.
Desde la llegada de la pandemia en 2020, se ha aplicado la cláusula general de escape y la Comisión ha motivado a los Estados miembros a seguir una política fiscal expansiva. Hasta principios de este año, la Comisión había defendido que las reglas fiscales se aplicarían de nuevo a partir de 2023.
Limitar el gasto corriente y aumentar las inversiones
La guerra de Ucrania y el posterior repunte de los precios de la energía han obligado a la Comisión de la UE a reconsiderar y permitir a los gobiernos seguir apoyando la economía durante más tiempo.
«Nuestras prioridades comunes son la inversión y la reforma», dijo Gentiloni, argumentando que la aplicación continuada de la cláusula general de escape debería ser utilizada por los Estados miembros para invertir en la transición ecológica y digital.
«Nos enfrentamos colectivamente a una montaña de inversiones en los próximos años», dijo.
No obstante, la Comisión abogó por lo que denomina «política fiscal prudente», afirmando que en la situación actual no se justifican grandes paquetes de estímulo.
En la rueda de prensa del lunes, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, dijo que la Comisión «recomienda limitar el gasto corriente».
Aunque la Comisión no estaba abriendo ningún nuevo «procedimiento de déficit excesivo» contra ningún Estado miembro por el momento, Dombrovskis dijo que «cuando evaluemos si se abren procedimientos de déficit excesivo en otoño y la próxima primavera, uno de los factores que evaluaremos es el cumplimiento de las recomendaciones de hoy.»
Más tiempo para el compromiso
La decisión de mantener la aplicación de la cláusula general de escape un año más alivia parte de la presión para encontrar un acuerdo sobre el tema políticamente polémico de la reforma de las normas fiscales. El proceso de reforma se había reiniciado en otoño de 2021 con el objetivo de tener nuevas reglas para el ejercicio fiscal de 2023.
Sin embargo, las opiniones difieren entre los Estados miembros sobre la conveniencia y la forma de reformar las normas fiscales. Mientras que Francia e Italia abogan por un mayor margen de maniobra fiscal para que los Estados miembros inviertan, países más frugales como Austria, Suecia, Letonia y otros se oponen a cualquier flexibilización de las normas fiscales.
Con la suspensión de las reglas fiscales durante un año más, los gobiernos de los Estados miembros tendrán más tiempo para encontrar un compromiso sobre su reforma. Al igual que en la conferencia de prensa del lunes, limitar el gasto corriente y aumentar la inversión es uno de los principios más citados según los cuales podrían reformarse las reglas fiscales.
