La Presidencia sueca del Consejo de Ministros de la UE vuelve sobre un aspecto fundamental de la Directiva sobre los trabajadores de plataformas, después de que la anterior Presidencia no lograra obtener la mayoría.
El Grupo de Cuestiones Sociales, órgano preparatorio que se ocupa de los asuntos sociales en el Consejo de la UE, volverá a examinar los aspectos básicos de la Directiva sobre los trabajadores de plataformas, centrándose en la activación y aplicabilidad de la presunción legal de empleo.
Es la primera vez que la directiva sobre trabajadores de plataformas se debate bajo Presidencia sueca, después de que la propuesta checa no obtuviera la aprobación ministerial el pasado diciembre.
Los suecos han criticado abiertamente el texto de la propuesta de la Comisión y, en su lugar, votaron a favor de una versión más liberal en una reunión del Comité de Representantes Permanentes (COREPER) celebrada el 8 de diciembre de 2022.
En una entrevista con EURACTIV en diciembre, el Comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Nicolas Schmit, advirtió contra la propuesta checa que, en su opinión, se alejaba demasiado del texto original de la Comisión.
El lunes (13 de febrero), se pidió a los representantes nacionales que expusieran sus puntos de vista basándose en algunas cuestiones compartidas por Estocolmo sobre la activación, aplicabilidad y cumplimiento de la presunción legal, según una nota de la Presidencia vista por EURACTIV.
La nota «establece[s] la apreciación de la Presidencia sobre la situación actual y para profundizar en la comprensión de ciertas cuestiones pendientes con el fin de forjar un camino a seguir», se lee.
Aunque los suecos consideran que la mayoría de los capítulos de la directiva, incluido el relativo a la gestión algorítmica, están ampliamente consensuados, se centraron en la presunción legal, que es el aspecto más sensible y políticamente explosivo del expediente.
En los últimos meses, los Estados miembros se han dividido en tres bandos. El bando liberal, que incluye a los Estados de Europa Central y Oriental, vio con preocupación cualquier texto con una presunción legal y unos criterios claramente definidos, advirtiendo de que el modelo de negocio de las plataformas podría estar en peligro.
Un segundo bando que incluye a España y Portugal, entre otros, se mostró abiertamente a favor del texto de la Comisión y acogió con satisfacción los criterios jurídicamente vinculantes.
Por último, un tercer bando se sentía cómodo con la propuesta checa.
Alemania, un Estado clave que podría influir en la votación final, ha optado hasta ahora por abstenerse. La coalición de gobierno de Berlín está dividida entre socialdemócratas y liberales, lo que ha impedido que el país se pronuncie.
Activación de la presunción legal de empleo
Se ha pedido a los agregados reunidos el lunes que compartan sus puntos de vista sobre si la lista de criterios diseñada para activar la presunción está ahora enmarcada «de tal manera que las personas adecuadas, es decir sobre todo los falsos autónomos, estarán cubiertos por la presunción legal?».
El temor de las plataformas y de varios Estados miembros de mentalidad liberal es que los criterios iniciales de la Comisión fueran tan omnicomprensivos que pudieran llevar a una reclasificación masiva de autónomos a asalariados.
En consecuencia, la Presidencia checa aumentó el umbral de presunción de dos criterios de cinco a tres de siete. Ya se habían modificado los criterios, por lo que en última instancia se había aumentado el listón para activar la presunción.
Los criterios incluyen la determinación de la remuneración, requisitos como llevar uniforme, supervisar el rendimiento, impedir que los trabajadores organicen su propio horario de trabajo y restringir la posibilidad de trabajar por cuenta ajena.
También se ha pedido a las delegaciones que den «ejemplos concretos» de casos en los que los trabajadores autónomos que no sean falsos correrían un alto riesgo de reclasificación con la actual redacción de criterios.
Otro tema de controversia sobre los criterios tiene que ver con los casos en los que una plataforma cumple uno de los criterios de presunción por mero cumplimiento de la legislación nacional o de la UE.
La Presidencia checa añadió una cláusula específica para hacer frente a este riesgo en las negociaciones previas de la segunda mitad de 2022, y los suecos han preguntado a las delegaciones si esta disposición era «necesaria».
Procedimientos fiscales, penales y de seguridad social
La nota también examina los efectos de la presunción en los procedimientos fiscales, penales y de seguridad social, ya que algunas delegaciones habían pedido anteriormente que la presunción no se aplicara en tales casos.
En su momento alegaron que sería una forma de preservar la competencia nacional sobre dichos procedimientos, y «en algunos Estados miembros, los criterios para la existencia dede una relación laboral en un ámbito específico del Derecho puede diferir de otro ámbito del Derecho», reza la nota, de modo que se requiere una discreción nacional.
Una vez más, los suecos parecen querer ejemplos más concretos y reales del impacto de dicha exclusión y preguntan a las delegaciones si los procedimientos fiscales, penales y de seguridad social constituyen una lista exhaustiva de procedimientos en los que no debería aplicarse la presunción.
Por último, se tendrá en cuenta la facultad discrecional otorgada en la propuesta checa a los Estados miembros para no aplicar la presunción si es «manifiesto» que se refutaría en un procedimiento judicial o administrativo.
Paralelamente, el Parlamento Europeo acordó un mandato para las negociaciones interinstitucionales el 2 de febrero.
