A partir de 2023, algunos Estados miembros empezarán a vincular por primera vez las ayudas agrícolas de la UE a las normas sociales y laborales, y el resto lo hará en 2025. Sin embargo, la falta de un sistema sancionador armonizado está levantando ampollas.
El inicio del periodo financiero 2023-2027 de la Política Agrícola Común (PAC) trae consigo nuevos criterios que vinculan las subvenciones al cumplimiento de unas normas sociales y laborales mínimas, con el fin de incentivar las condiciones de trabajo en las explotaciones.
Concretamente, cuando un agricultor no respete uno o varios requisitos de esta normativa comunitaria, las autoridades nacionales podrán decidir reducir -o retirar en los casos más graves- las ayudas de la PAC.
Esta denominada «condicionalidad social» es actualmente voluntaria, pero será obligatoria para todos los países de la UE a partir de 2025. Tres países -Francia, Italia y Austria- han optado voluntariamente por introducir la medida a partir de 2023.
Sin embargo, el nivel de las sanciones impuestas se decide a nivel nacional y es considerado «muy bajo» e «inaceptable» por algunas partes interesadas, que piden a la Comisión Europea que llegue a un sistema de sanciones coordinado y armonizado en toda Europa.
«La condicionalidad social puede ayudar a elevar las normas laborales en uno de los sectores más precarios de la economía. Proponer niveles de sanción ridículos puede poner en serio peligro su gran potencial», según la Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, la Agricultura y el Turismo (EFFAT).
Para la EFFAT, el pilar social de la PAC puede ser un «verdadero revulsivo», pero actualmente «carece de pragmatismo» y de una «mayor armonización» entre los países de la UE.
Preguntado al respecto por EURACTIV, un funcionario de la UE subrayó que «la condicionalidad social no pretende cambiar la actual legislación social de la UE, incluida la forma en que la aplican los Estados miembros en el espíritu de las responsabilidades compartidas».
«Por construcción, esto puede conducir a un grado de heterogeneidad del tratamiento de los agricultores en toda la UE». […], lo que se reflejará también en la aplicación de la condicionalidad social», añadió el funcionario.
No obstante, la Comisión revisará el impacto de la condicionalidad social en las condiciones de los trabajadores con un informe público en 2027.
Llamamiento a la convergencia social
Con más de 10 millones de personas empleadas en la agricultura europea, principalmente como temporeros, jornaleros o en otros estatus de precariedad, tantos como 61,2% de los trabajadores agrícolas de la UE tienen un empleo informal.
A pesar de ello, la condicionalidad social resultó ser un tema espinoso durante las pasadas negociaciones de la PAC entre los países de la UE y el Parlamento Europeo. Y sigue siéndolo.
El eurodiputado liberal Jérémy Decerle afirmó que, a pesar de ser un gran logro para defender los derechos sociales, «este tipo de modelo de condicionalidad sólo tiene sentido en la medida en que no abra la puerta a más distorsiones entre los Estados miembros».
Una aplicación «irregular» y «desigual» de las sanciones sólo tendrá sentido «si la convergencia social deja de ser una prioridad de la UE», añadió.
Por ejemplo, la aplicación de las sanciones y la frecuencia de las inspecciones son competencias nacionales.
Para el eurodiputado socialista Paolo De Castro -que figuraba entre los partidarios de la condicionalidad social- la armonización europea «debe ser un proceso gradual».
«Durante el diálogo a tres bandas, nos dimos cuenta de que también debido a las diferentes condiciones en los distintos Estados miembros, esto no era algo factible», continuó, «así que este es el mejor resultado que pudimos obtener».
De Castro espera que «en la posible revisión de la PAC actual consigamos introducir estos puntos».
Flexibilidad para los primeros
Los países de la UE tendrán que crear su propio marco nacional sobre cómo aplicar la condicionalidad social: sanciones, controles y niveles de diligencia.
En el caso de Francia, uno de los países pioneros, las normas para sancionar los incumplimientos se transpondrán pronto a la legislación nacional.
Pero «algunas de las ambiciones inicialmente previstas han tropezado con dificultades de aplicación», señala Joseph Lechner, Presidente del Grupo de Organizaciones Profesionales Agrarias de la UE (GEOPA-COPA) y miembro del Comité de Empleo de la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores de Francia (FNSEA).
«Por ejemplo, la condicionalidad social en Francia se aplicará con un desfase temporal entre el control y la reducción de las ayudas (por ejemplo, un control en 2024 podría dar lugar a una reducción de las ayudas de la PAC pagadas en 2025 o 2026),»explicó Lechner.
Además, destacó que la FNSEA ha alertado a las autoridades francesas de que determinadas sanciones son «desproporcionadas» y se añadirían a las multas ya estipuladas por el Código Laboral francés.
Lechner recordó que la aplicación voluntaria por parte de países como Francia requerirá «apoyo, flexibilidad y pedagogía» y que «las autoridades públicas deberán velar por que los nuevos controles no supongan un aumento de la carga administrativa para los agricultores».
Para él, sigue siendo necesario seguir dialogando, evaluando y mejorando de la mano de los interlocutores sociales para «avanzar hacia una mayor armonización y una aplicación justa del mecanismo en toda la UE».
